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Lejos queda el año 1996 en el que, sorpresivamente, el Gobierno de España decidió la creación de un Ministerio de Medioambiente, con unas competencias que en ese momento no estaban claras, y que, en su momento, causó una importante sorpresa entre la sociedad. Con posterioridad a este importante acontecimiento, en España se han aprobado muchas medidas gubernamentales cuyo fin era preservar el medio natural, y en esta línea han actuado todos los gobiernos a partir de este año.
En esta línea es especialmente importante la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997, por el cual España, al igual que el resto de países desarrollados, se comprometió a la reducción de las emisiones de CO2 provocadas por el consumo abusivo de energía, y, en particular, a adoptar una política energética basada en tres ejes fundamentales:
a) Reducción del consumo de energía útil.
b) Mejora de la eficiencia energética y, por lo tanto, reducción de la energía primaria.
c) Apuesta por las fuentes de energía con menor impacto ambiental (en particular la sustitución de los derivados petrolíferos por gas natural), con recursos propios (renovables) o de alto aprovechamiento energético (cogeneración, aprovechamiento de lodos de depuradoras, aprovechamiento de residuos sólidos urbanos…). El fomento de estas fuentes de energía (gas natural, renovables y alta eficiencia) se produce tanto para usos térmicos como eléctricos, aunque este artículo se centra en el segundo grupo.