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La Compra Pública Innovadora (CPI) es un mecanismo propuesto por la Administración Pública para impulsar la actividad innovadora llevada a cabo por el sector empresarial, de forma complementaria al resto de iniciativas que conforman el mapa de ayudas en esta materia. Recordemos que actualmente cada euro invertido por la Administración tiene un retorno de unos 3,5 céntimos, calculado en términos de cash-flow a partir de datos del INE y del Banco de España, lo que se muestra como insuficiente.
La CPI se realiza a través de dos vertientes: desde la creación e impulso de la demanda de soluciones innovadoras (market pull) por parte de los gestores públicos, a través de la licitación de los contratos de compra pública innovadora, como estimulando la generación de oferta (technology push) por parte de las empresas que compiten en los procesos de licitación, contribuyendo a la minoración del riesgo tecnológico y financiero, facilitando la presentación de las ofertas.
De forma práctica, este mecanismo puede articularse a través de dos líneas: la compra pública de tecnología innovadora (CPTi) o la compra pública precomercial (CPP). La CPTi es aquella compra pública de un bien o servicio que no existe en ese momento, pero que se prevé su desarrollo en un plazo de tiempo razonable. Consta de dos planos específicos y complementarios: la compra directa del bien o servicio (fundamentalmente a través de los procedimientos ordinarios de contratación establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público o LCSP), y la financiación de las fases de I+D asociadas al proyecto, como aspecto clave para poder alcanzar los objetivos fijados. Ambos procesos deben estar suficientemente claros y delimitados, sincronizados y coordinados, de modo que sean complementarios, sin menoscabo de asegurar su independencia ni que la financiación del proyecto suponga en ningún caso la adjudicación del contrato. El Servicio Catalán de Salud, Red.es, Osakidetza o Enusa son algunas de las entidades que han desarrollado procesos de CPTi.