9 de julio, 2013 XML
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Desde el pasado 1 de julio, que entró en vigor el Reglamento Europeo de Productos para la Construcción (RPC), los productos de seguridad en los edificios, y en concreto los detectores de incendios, deben disponer del marcado CE, certificado que garantiza que los equipos cumplen con  los requisitos de calidad, eficacia y fiabilidad para asegurar la correcta detección de un incendio en un espacio determinado.

Los sistemas de seguridad contra incendios, como son los detectores, no entran en acción hasta que no se da una situación de incendio (aunque sea incipiente), y la única forma que garantiza su funcionalidad es que se sometan a diferentes pruebas, tanto de durabilidad como de eficacia, en un laboratorio autorizado de ensayo del fuego, que expedirá el certificado de conformidad correspondiente, y que forma parte indispensable del marcado CE para este tipo de productos.

Sin embargo, la Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios (TECNIFUEGO-AESPI), advierte que, debido a la situación económica actual, se está produciendo en el sector una competencia desleal que pone en peligro la seguridad de los usuarios en caso de incendio. El hecho es que algunos distribuidores e instaladores están realizando obras usando equipos de detectores por aspiración que no cumplen con los requisitos mínimos de calidad que señala la ley. Son equipos que no han pasado por las pruebas de laboratorio obligatorias que certifican que el equipo cumple los requerimientos necesarios que exige el marcado CE.

Así, está aumentando el número de instalaciones de protección contra incendios a coste inexplicablemente bajos, lo que se denomina “dumping en mercado interno”, es decir, vender a pérdida, una práctica que infringe la ley. También se dan casos de vulgar engaño: hacer creer al cliente que se ha instalado un sistema de seguridad contra incendios con determinadas características que no son reales, con el riesgo que supone para el usuario creerse protegido frente a un incendio sin estarlo.

Por ello, desde la asociación se pide atención y se solicita a las autoridades competentes que pongan en marcha programas de inspección y control del mercado que detecten estas malas prácticas que ponen en peligro la seguridad contra incendios de personas y bienes.

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