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La Comisión Europea acaba de publicar un informe sobre la Evaluación del Coste Acumulativo (Cost Cumulative Assessment CCA), según el cual el coste económico derivado de la implementación de las principales regulaciones que afectan a la industria química europea se ha duplicado entre 2004 y 2014, hasta alcanzar un valor equivalente al 12% del valor añadido del sector.
Así, en el caso de la industria química española, Feique estima un impacto económico anual de 1.000 millones de Euros, siendo de 10.000 millones para el conjunto del sector en Europa.
El estudio forma parte del proceso de mejora de regulación (Better Regulation Process) que está abordando la Comisión Europea, orientado a simplificar la normativa de la UE y reducir los costes que ésta ocasiona a sus empresas. Asimismo, el estudio tiene por objeto establecer un marco regulatorio menos complejo y más estable y previsible.
Aunque el marco regulatorio europeo para los productos químicos, junto con los propios esfuerzos desarrollados por la industria, juega un papel esencial para garantizar la protección de la salud de las personas y del medio ambiente, se ha generado simultáneamente una excesiva carga económica y burocrática que impacta negativamente en las empresas implantadas en Europa y reduce su capacidad de competir en mercados exteriores, señalan desde la patronal.
Los paquetes legislativos sobre Emisiones Industriales, Productos Químicos y Seguridad de los Trabajadores generan casi el 86% del coste regulatorio estimado. Pero como señala el Director General de FEIQUE, Juan Antonio Labat, “el problema no es que exista una regulación en estos ámbitos, que debe existir y que apoya el propio sector, sino que debe elaborarse de modo que no genere un coste económico que reduzca la competitividad de nuestras empresas, algo que no ha ocurrido en la última década. La sucesión de tasas y otras figuras impositivas, así como las cargas administrativas y los costes de operación e inversión que supone la legislación actual y su continua modificación, está afectando negativamente a nuestra capacidad de competir”.
Se debe tener en cuenta que los costes recogidos en el estudio constituyen sólo una parte de los costes totales que se derivan de la regulación a la que está sometida la industria química, y por tanto, no corresponden a la totalidad. Los costes imputables a la legislación horizontal, que también afecta al sector, o a la legislación específica nacional, no han sido incluidos en este estudio, apuntan también desde Feique.
A este informe seguirá una segunda fase de validación en el que la Comisión Europea elaborará un benchmarking comparativo de estos costes con respecto a otras regiones del mundo, lo que permitirá realizar una valoración del impacto sobre la competitividad a una escala más amplia.
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