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La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha remitido sendas misivas a los ministerios de Interior y Medio Ambiente y a las CC. AA. en los que informa a sus responsables que las cargas administrativas que impone la Administración a los gestores de residuos pone en serio riesgo la viabilidad de las empresas que se dedican a la conversión de residuos en recursos en España.
Volumen de operaciones (cargas burocráticas y administrativas) realizadas por las empresas de gestión de residuos. Fuente: FER
A través de su directora general, Alicia García-Franco, la federación lamenta en la carta remitida que “pese a todos los llamamientos realizados por parte de la Administración General del Estado, de la OCDE y de la Unión Europea –por ejemplo, el pasado 14 de julio el Ministerio de Hacienda y las patronales CEOE y CEPYME firmaron el octavo convenio de colaboración para la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas–, hemos constatado que, tristemente, en el ámbito de la gestión de residuos la carga burocrática es cada vez mayor. Además, en las últimas normas y adaptaciones legislativas de importancia en el ámbito de los residuos, no solo no se reducen esas cargas, sino que se incrementan exponencialmente”, añade García-Franco. Tal es el caso del Real Decreto 110/2015 de RAEE, así como de la reciente aplicación del Real Decreto de traslado a los traslados internos de residuos realizados dentro de las CCAA.
En cuanto al volumen de operaciones, una gran parte de las empresas (el 33 %) reporta más de 10.000 apuntes al año, otro 35 % menos de 10.000 operaciones y destacan algunas que llevan a cabo más de 100.000 apuntes anuales. Lógicamente, apunta la directora general de FER, todas estas cargas burocráticas “se traducen en un elevado número de horas de trabajo por parte del personal, que supone un elevado coste para las empresas”.
FER ha estimado que los gastos derivados de estos trámites suponen para cada empresa, independientemente de su volumen de facturación en un sector formado mayoritariamente por pymes, unos 20.000 euros anuales. “Es una cifra que pudiera no parecer desorbitada”, advierte García-Franco, “pero el trabajo de las empresas recuperadoras no es el de reportar datos, sino el de gestionar adecuadamente los residuos, por lo que estos gastos suponen una carga impuesta”.
