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SOS Rural entrega a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, una petición firmada por más de 12.000 ciudadanos para que se regulen las macroplantas fotovoltaicas y eólicas en España.
Tras una simulación llevada a cabo en la Puerta del Sol para para ilustrar las consecuencias de la instalación de macroplantas solares en tierras de cultivo, el movimiento ciudadano se ha desplazado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para hacer entrega de la carta.
La carta se hace eco de la aprobación en Bruselas de la llamada “Ley de Restauración de la Naturaleza”, y denuncia que no hay mayor alteración del ecosistema que la que se produce cuando se construye una macroplanta fotovoltaica, tras la que “no vuelve a crecer nada en décadas”. Lo mismo sucede con las mega plantas eólicas, donde “aparte de la contaminación visual que producen, miles de aves protegidas mueren cada año por colisionar contra las aspas de los molinos”.
En la misiva, SOS Rural hace hincapié en la desprotección actual de las tierras de cultivo, un bien común amenazado por la proliferación descontrolada de macro plantas solares que pone en riesgo la soberanía alimentaria de España, y aprovecha para reclamar a la ministra una regulación integral que proteja las tierras de cultivo respetando su ecosistema tradicional.
“Estamos cambiando los paisajes y los alimentos que produce nuestra tierra por paneles solares, plástico y tornillos que esterilizan nuestro campo”, señala SOS Rural. Esta descapitalización alimentaria conlleva la importación masiva de alimentos de terceros países que no han cumplido con los rigurosos estándares de calidad europeos poniendo a los agricultores españoles en “una situación muy precaria”, apunta el movimiento, que además señala a los consumidores como “los grandes perdedores” de todo este proceso.
SOS Rural asegura que “no está ni mucho menos en contra de las energías alternativas”, pero denuncia “la falta de un marco regulatorio nacional que aborde el descontrol sobre unas mega plantas fotovoltaicas que están esterilizando el campo”. El movimiento ciudadano señala que “por cada hectárea de tierras de cultivo que se transforma a placas, se produce un impacto medioambiental irreversible debido entre otros factores al uso de pesticidas agresivos, movimientos de tierras, soterramientos, cimentación o vallados que trae como consecuencia el deterioro del suelo, la desertificación del campo, y la desaparición de especies de fauna y flora autóctonas, así como el mayor riesgo de incendios por el recalentamiento del terreno”.
El movimiento ciudadano que defiende el mundo rural recuerda que, sin un marco normativo especifico que proteja las tierras de cultivo, España corre el riesgo de pasar de una dependencia energética a una alimentaria. Además, advierte de que, con la instalación de placas, el suelo agrícola cambia de uso y se convierte en suelo industrial, transformando así un manto verde por “un mar de hierro y cristal”.
