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La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera que el Anteproyecto de Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, aunque es positivo, no define lo esencial: establecer un fondo como instrumento de financiación para impulsar la competitividad industrial y la concreción de plazos para ello.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera que el nuevo marco legislativo que plantea el Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, “aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencial: definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere nuestro país”, afirma Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. “Desde la Alianza, aspiramos a que estas cuestiones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, subraya.
La Alianza también considera fundamental que las enmiendas al texto cuenten con el máximo consenso posible por parte de las distintas formaciones políticas del arco parlamentario. “Es la única fórmula para lograr el objetivo común de reindustrializar nuestra economía”, afirma Reinoso.
Para la Alianza, el propósito y la disposición que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España son positivos, “no obstante, sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, corremos el riesgo de que se quede en meras intenciones”, advierte Reinoso.
En esta línea, la Alianza resalta la importancia de articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los PERTE, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, facilitando la economía circular y descarbonización de la industria. “Según nuestras estimaciones, este fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España”, subraya Reinoso.
La Alianza viene apostando desde hace tiempo por seguir hacia la dirección señalada por Draghi: crear un instrumento basado en un modelo de financiación permanente que supere el actual esquema de ayudas. “Es imprescindible dotar financieramente la necesaria transición verde de la industria, tanto en Europa como en España”, opina Reinoso, subrayando la posición de la Alianza al respecto: “Hagámoslo con ‘las cuentas claras’ desde el principio”. Y es que, para atraer e incentivar la inversión a este sector es necesario eliminar las incertidumbres creando un entorno predecible.
Asimismo, la Alianza, que representa el 60% del Producto Industrial Bruto del país, considera que, para impulsar una verdadera reindustrialización de España,el nuevo marco legislativo tambiéndebe contemplar la simplificación de la burocracia administrativa, para evitar introducir más cargas en este sentido. Reinoso, como representante de la Alianza, subraya que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso.
La reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello, la Alianza también cree necesario que la ley incluya medidas más ambiciosas y concretas para la Administración en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.
Con todo ello, la Alianza considera determinante que se produzca un amplio consenso entre los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria: “Apelamos a ello, pues es así como el poder legislativo demostraría visión de país sobre el papel que debe jugar la industria en nuestro modelo económico y social”.
La enmienda presentada por ERC y Junts ha contado con el respaldo del PP, PNV y la abstención de VOX y supone un espaldarazo a la cogeneración como tecnología energética esencial para la industria de sectores clave, como la agroalimentaria, papeleras, químicas, cerámicas, refino, textiles, residuos de porcino y otras que podrán mantener sus plantas en operación hasta que se apruebe y se adjudique, en su caso, la retribución derivada del nuevo régimen regulador de estas tecnologías.
Para la percepción de esta retribución, las instalaciones de producción de energía eléctrica con cogeneración y las de tratamiento de residuos con cogeneración del sector porcino a las que sea de aplicación esta disposición deberán mantenerse en el cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética y de los demás requisitos recogidos en la normativa de aplicación.
Además, la iniciativa establece que, con la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno a la mayor brevedad posible aprobará el marco reglamentario y el cronograma para la celebración de una o varias subastas que sumen 1.200 megavatios (MW) de cogeneración en 2025 y de una o varias subastas que sumen 800 megavatios (MW) de cogeneración en 2026.
Josep Capdevila, presidente de Asociación para el Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP) ha celebrado la aprobación de esta enmienda que ahora deberá ser refrendada en la Comisión de Transición Ecológica prevista para el próximo 19 de diciembre, para que la Ley de EST2 entre en vigor antes del 1 de enero y se evite así el cierre de las dos plantas de cogeneración de purines que acababan su vida útil a final de año.
Durante la Junta mensual de COGEN España, celebrada esta mañana en Madrid, Capdevila ha insistido en la importancia de salvar las plantas de cogeneración de purines, que durante los últimos 25 años han permitido el desarrollo sostenible del sector porcino sin general impacto ambiental por la desnitrificación de los excedentes de purines en zonas vulnerables, fundamentalmente de Cataluña, Aragón y Castilla y León.
Esta moratoria, ha insistido, es una muy buena noticia para el sector porcino, especialmente para los ganaderos de Alcarrás y Les Masies de Voltregá que conservarán sus plantas en funcionamiento mientras transicionan a un nuevo modelo más eficiente y empotrado en el desarrollo de las plantas de biogás y biometano en las que ya trabajan los ganaderos.
De hecho, ha informado de que esta misma mañana un centenar de ganaderos que tratan sus purines en la planta de Alcarrás se han concentrado frente a las instalaciones de la cogeneradora para valorar este respaldo e insistir en la importancia de esta moratoria a falta de herramientas alternativas para la desnitrificación de las deyecciones ganaderas.
Julio Artiñano, presidente de COGEN, ha destacado la importancia de la cogeneración para el desarrollo industrial de España, especialmente para unas 150 industrias calorintensivas alimentaria, de residuos, papeleras, químicas, cerámicas o de refino que generan 40.000 empleos. “El Congreso ha entendido que España necesita industria y la industria necesita cogeneración, incorporando en las nuevas subastas tecnologías de descarbonización y flexibilidad para mejorar la competitividad de esa industria”.
Artiñano ha explicado que ahora hay que esperar a que el Congreso apruebe definitivamente la Ley y que el Gobierno desarrolle el mandato del legislador y complemente el nuevo marco regulatorio y convoque las subastas que el sector lleva esperando más de tres años para acometer las inversiones previstas para avanzar en eficiencia de la tecnología y más relevante de la industria.
La cogeneración se emplea para fabricar el 20% del PIB industrial en industrias calorintensivas y es imprescindible para la competitividad y el futuro de la economía industrial del país, estando preparada para el uso de gases renovables y H₂ a gran escala, por lo que preservar su demanda industrial será clave para hacer posible su desarrollo en España.
Las plantas de tratamiento de purines suponen una solución integral a los problemas ambientales y sociales de las zonas vulnerables a nitratos, es concreto, eliminan la contaminación del suelo y el agua, las emisiones difusas de gases efecto invernadero y los malos olores generados en la actividad ganadera. Actualmente el 65% de las plantas de biometano actuales que utilizan purines como materia prima no eliminan el nitrógeno, dentro del 35% restante que sí lo eliminan se encuentran las plantas de ADAP.
Tras la aprobación efctuada por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley de industria, el cual ha sido posteriormente remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), ha declarado que "esta ley es una oportunidad única para fortalecer la competitividad del tejido industrial español, sin embargo, es fundamental que esté muy consensuada con los grupos políticos para que pueda tener una vigencia a largo plazo y finalmente impulse la política industrial. Para ello, es también imprescindible que esta ley tenga asignado un presupuesto que desarrolle esta política industrial y le permita ser realmente transformadora garantizando la competitividad de las empresas frente a terceros países en el mercado global. La industria es el motor de la economía y, como tal, debe contar con un marco regulatorio que facilite la competitividad y el crecimiento económico".
