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Sevilla ha acogido recientemente las Jornadas CLANER 2025 ‘Diálogos con la Administración’, un espacio de encuentro en el que la administración pública y el sector de las energías renovables han compartido experiencias y estrategias para fomentar un desarrollo energético sostenible en Andalucía.
En el evento ha participado la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez, quien ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con la agilización de los procedimientos administrativos sin renunciar a la protección ambiental y patrimonial.
Durante su intervención, Jiménez ha resaltado que la Junta de Andalucía ha dado pasos firmes en la modernización de la normativa ambiental con la reciente aprobación del Decreto-ley 3/2024, que ha incorporado medidas clave de simplificación administrativa.
Entre las principales novedades introducidas, se ha explicado la creación de la autorización ambiental unificada simplificada, un nuevo instrumento que permite reducir los tiempos de tramitación sin necesidad de información pública y con un plazo máximo de resolución de cinco meses. Esta iniciativa ha supuesto la eliminación del procedimiento abreviado anterior y una reorganización más clara de los trámites ambientales, vinculando las autorizaciones a la legislación estatal y garantizando una mayor seguridad jurídica para los promotores.
En este sentido, ha señalado que la Junta ha trabajado en una Instrucción Conjunta de las Direcciones Generales de Patrimonio Histórico y de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, con el objetivo de facilitar la tramitación de proyectos en los que concurren requerimientos ambientales y de protección del patrimonio. “El diálogo entre la administración y los sectores implicados es esencial para que los procedimientos sean más ágiles y transparentes. Con esta instrucción, hemos clarificado los pasos a seguir desde el inicio de la tramitación, evitando retrasos innecesarios y garantizando la protección del medio ambiente y del patrimonio histórico”, ha afirmado Jiménez.
Además de los avances en simplificación administrativa, la directora general ha puesto de relieve el proceso en marcha para la aprobación de la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), cuyo anteproyecto ya ha iniciado su tramitación. Esta nueva norma busca modernizar y reforzar el marco regulador en materia de sostenibilidad, garantizando una administración ambiental más eficiente y adaptada a los desafíos actuales y futuros.
Jiménez ha destacado que la LEGAM plantea una reorganización profunda de los procedimientos ambientales, con una reducción de plazos en la obtención de autorizaciones, el fomento de la digitalización y la incorporación de nuevos instrumentos de prevención y control. “Estamos sentando las bases para una gestión ambiental que combine agilidad y rigor. Queremos que las empresas puedan desarrollar sus proyectos con mayor seguridad jurídica y previsibilidad, sin que ello suponga una merma en la protección de nuestros recursos naturales”, ha asegurado.
Entre las principales novedades de la futura ley, se ha señalado la creación de un registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental, que permitirá una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones. Asimismo, ha subrayado la introducción de una nueva licencia ambiental de competencia municipal, que sustituirá a la actual calificación ambiental, reduciendo los plazos de resolución a tres meses y facilitando la implantación de proyectos estratégicos.
“La nueva legislación contribuirá a consolidar a Andalucía como referente en la transición energética y la economía verde. La sostenibilidad debe ser un eje vertebrador de nuestro modelo productivo, y estamos trabajando para que el sector de las energías renovables cuente con un marco normativo claro, ágil y predecible”, ha afirmado.
En su intervención, Jiménez ha subrayado que la Junta de Andalucía mantiene una actitud abierta a la mejora continua y a la incorporación de buenas prácticas que permitan optimizar la tradición administrativa. “Nos interesa escuchar al sector, conocer sus necesidades y trabajar juntos en soluciones que permitan compatibilizar el desarrollo de infraestructuras energéticas con la protección ambiental y patrimonial”, ha manifestado.
En este contexto, ha señalado que la experiencia acumulada desde la aprobación del Decreto-ley 3/2024 ha permitido identificar áreas de mejora, como la necesidad de avanzar en la digitalización de los procedimientos y en la optimización de la coordinación entre administraciones. “Nuestro objetivo es que los promotores dispongan de la información necesaria desde el inicio del proceso y que la tramitación de los expedientes sea lo más ágil posible, evitando retrasos innecesarios”, ha explicado.
Finalmente, Jiménez ha reiterado el compromiso de la Junta con una gestión ambiental basada en el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. “Andalucía tiene un enorme potencial para liderar la transición energética en España. Estamos sentando las bases para que esta transformación se produzca de manera ordenada, con seguridad jurídica y con el máximo respeto a nuestro entorno natural y patrimonial”, ha concluido.
