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En un contexto en el que los incendios domésticos continúan cobrándose vidas cada año en España, Valladolid ha afrontado el problema con una regulación de gran alcance social.
El ayuntamiento vallisoletano ha implementado una normativa que obliga a instalar detectores de humo ópticos autónomos en todas las viviendas de nueva construcción y en aquellas que se reformen. Además, establece un plazo de cuatro años para la adaptación de las ya existentes, que finalizó el 31 de marzo de 2025.
A partir de esa fecha, la instalación de detectores de humo es obligatoria en todas las viviendas del municipio, independientemente de su fecha de construcción. La norma establece, además, que deberá instalarse un número de detectores adecuado según las características técnicas de la vivienda y, como mínimo, uno en el pasillo distribuidor o vestíbulo. Con esta regulación, se refuerza la línea de actuación de Castilla y León, una comunidad históricamente pionera en la protección contra incendios.
Más allá de una disposición técnica incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de esta capital castellanoleonesa, la decisión puede suponer un cambio significativo en la cultura de la prevención de riesgos en el hogar en nuestro país. Porque, las consecuencias de los incendios domésticos son dramáticamente persistentes.
Según el último Estudio de Víctimas de Incendios en España, elaborado por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y la Fundación Mapfre, en 2023 fallecieron en nuestro país 249 personas a causa del fuego. De ellas, 173 –el 69% del total– murieron en sus propias casas o en las de familiares y amigos. Un dato demoledor que reafirma la vital importancia de contar con sistemas capaces de contrarrestar estas trágicas cifras de pérdidas humanas.
Instalar un detector de humo puede parecer una nimiedad. No lo es. Este pequeño aparato, de fácil instalación y bajo coste, emite una alerta sonora ante los primeros indicios de un incendio, lo que permite apagarlo en sus fases iniciales y facilita la evacuación para evitar daños personales. Esto cobra especial relevancia cuando la combustión se produce durante la noche, con los residentes durmiendo. Este sencillo sistema puede reducir hasta en un 75% la probabilidad de que un fuego se descontrole en una vivienda. Y lo más importante: divide por cuatro las posibilidades de morir en un incendio.
La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) califica la decisión del Ayuntamiento de Valladolid como un ejemplo “positivo, valiente y necesario” y lanza un claro mensaje: que cunda el ejemplo. En Europa, países como Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, República Checa, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia o Lituania ya han adoptado legislaciones similares. España debe ser el siguiente en sumarse a esta obligatoriedad de contar con detectores de humo en el interior de las viviendas.
Esta iniciativa se alinea con la campaña “Víctimas Cero” impulsada por Tecnifuego, que busca erradicar las muertes por incendios domésticos a través de medidas concretas y accesibles, como la instalación de detectores certificados con el marcado CE, conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (CPR), y equipados con baterías que garanticen una autonomía mínima de 10 años.
“Combatir el fuego no solo es tarea de los bomberos. Es, sobre todo, una cuestión de prevención”, recuerdan desde la Asociación. Y esa prevención empieza en casa. Valladolid ha sentado el precedente y se insta al Gobierno central a responder con una normativa que proteja a millones de españoles frente a un riesgo tan cotidiano como letal. Porque cuando se trata de salvar vidas, no hay tiempo que perder.
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